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ONG: No se puede aceptar algo que es inconstitucional

A juicio de Feliciano Reyna, director de la ONG Acción Solidaria, “no se puede  aceptar algo que es inconstitucional”. Así respondió A EL INFORMADOR VENEZUELA, al ser consultado con relación al registro de la ONG ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, adscrita al Ministerio de Interior, Justicia y Paz.

De acuerdo con la Providencia 001-2021 deben registrarse antes del del 1 de mayo. Sin embargo, cientos de organizaciones civiles piden su derogarla.

“Si, al menos extendieran el lapso, para el análisis, pero no tan perentorio, como se pretende”, añadió.

Nelson Fréitez, coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la UCLA e integrante de la Red de Derecho humanos de Lara, coincide con Reyna, en que la Providencia es ilegal.

El Registro infringe normas internacionales de protección de derechos humanos y libertades de obligatorio cumplimiento para el Estado venezolano, afirma.

Al tiempo, subraya que el hostigamiento y persecución contra las ONG ha sido sostenido. De hecho, en 2020 se registraron 303 ataques contra organizaciones de derechos humanos.

Citó el caso de cinco integrantes de la  ONG Azul Positivo, quienes ayudan a personas con VIH y  el 22 de enero 2021 fueron detenidos.

706 organizaciones rechazan la providencia

Las reacciones se extienden en todo el país, 706 organizaciones refrendaron un  comunicado en rechazo a la medida.

Entre las de Lara figuran, Médicos Unidos Lara,  Alasid, Hijos de Morán, Coordinadora Lucha vecinal-Lara, Comité de Derechos Humanos La Carucieña y Federación de Colegios de Abogados del estado Lara.

Consideran que con la aplicación de la medida aumentaría el sufrimiento humano, de grupos más vulnerables, muy afectados por Covid-19 y por  la emergencia humanitaria compleja que se vive en  el país.

Providencia viola derecho a la privacidad

De acuerdo con la disposición, las ONG tienen que mostrar listas de donantes y beneficiarios así como movimientos financieros y organizaciones con las que trabajen. Esto con la presunción de incurrir en delitos como el terrorismo, acusan.

 “Se omite normas constitucionales, leyes y resoluciones en Venezuela que protegen y regulan la actividad de las organizaciones sin fines de lucro”, argumentan.

De manera que los “derechos de confidencialidad y privacidad”, que están comprometidas a resguardar se vería violentados, ya que estarían obligadas a revelar información de los  beneficiarios, explican.

Igualmente, se transgre el “derecho a la libertad de asociación, al imponer estar sujetas control del Estado, que implica la  posibilidad de su revocación dl permiso, explica.

Pueden existir regulaciones, siempre que sean establecidas por leyes legítimamente adoptadas, con limitaciones temporales y no discriminatorias, acotan.

Asimismo, la medida  vulnera, “el principio de presunción de inocencia”, pues  estarían bajo el control discrecional de un órgano de  inteligencia en materia de delitos de legitimación de capitales y terrorismo.

“Lo más grave hasta ahora, es la Providencia”

La providencia 001-2021 representa “el evento de mayor gravedad visto hasta ahora”, mediante un cerco de severas restricciones continuar defendiendo los derechos de la población venezolana, aseguran.

Al respecto, EL INFORMADOR VENEZUELA buscó la versión oficial. Algunos se comprometieron a llamar una vez les aprobarán “el permiso” para declarar. No llamaron.

Sin embargo, la invitación continúa abierta.

@auritarosacastillo
Foto: cortesía @YonaideSF

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