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CIDH aborda pederastia clerical en América Latina

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos abordará este jueves por primera vez en su historia la pederastia clerical en América Latina.

Este es un problema que afecta a 19 países de la región aunque asociaciones de víctimas aseguran que los casos conocidos son sólo la punta del iceberg.

El objetivo es que el sistema interamericano se pronuncie sobre “la responsabilidad de los Estados americanos en el encubrimiento o en la falta de justicia frente a las obligaciones asumidas en materia de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes”, afirmó Adalberto Méndez, coordinador legal de la organización para el Fin de los Abusos Clericales (ECA, por sus siglas en inglés).

“Esto no es un tema de fe”, subrayó Méndez en una entrevista con The Associated Press.

“Es un tema terrenal, de gente que está cometiendo delitos” y de autoridades que de forma “generalizada y sistemática” violan sus compromisos de proteger a la infancia y dejan en la impunidad crímenes graves.

En 2014 la ONU cuestionó en dos ocasiones al Vaticano por no haber frenado oportunamente los abusos sexuales a menores cometidos por sacerdotes.

Según un informe de fines de 2019 de la Red Internacional por los Derechos de los Niños (CRIN, por sus siglas en inglés), sólo cuatro países latinoamericanos suman más de un millar de denuncias en la región: México, con al menos 550; Chile, con unas 243, Colombia con 137 y Argentina con 129.

Ese documento además alertaba sobre países donde el problema continuaba “sin existir” de forma oficial y ponía de ejemplo a Brasil, aunque un informe interno del Vaticano de 2005 calculaba que uno de cada 10 sacerdotes brasileños se encontraba implicado en casos de abusos, es decir, alrededor de 1.700 religiosos.

En la actualidad, los abusos sexuales a menores sólo son imprescriptibles en tres países latinoamericanos: Argentina, Chile y Ecuador.

El papa Francisco ha prometido en varias ocasiones una política de tolerancia cero hacia los abusos clericales y ha propiciado investigaciones puntuales y reformas que en 2019 acabaron con el secreto pontificio y actualmente obligan a los obispos a denunciar los casos ante la justicia civil.

Foto: AP

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